La senadora bonaerense del PRO, Aldana Ahumada, presentó este miércoles un proyecto de ley para derogar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) obligatoria en la provincia de Buenos Aires, que en octubre de 2024 ascendió a más de $44.000 para vehículos livianos.  

De acuerdo al texto de Ahumada, que cuenta con la coautoría de sus pares Christian Gribaudo y Marcelo Leguizamón, el trámite instaurado con el objetivo de garantizar la seguridad vial, ha sido objeto de críticas por considerarse ineficaz y burocrático. “La VTV no ha logrado reducir significativamente los accidentes de tránsito y representa una carga económica desproporcionada para los ciudadanos”, señala el articulado.

Asimismo, el proyecto propone que, en lugar de la actual normativa, el control del Estado de los vehículos usados ??se rija por los artículos 34 y 35 de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449. De esta manera, se busca unificar los criterios de verificación con la normativa nacional, eliminando el sistema vigente en la provincia, que la senadora considera obsoleto e ineficiente.

Entre las críticas al actual régimen de verificación, Ahumada expuso la falta de diferenciación entre vehículos nuevos y aquellos más antiguos. “La VTV se aplica de manera uniforme a todos los automóviles, sin considerar su estado real de mantenimiento. Esto obliga a propietarios de vehículos en buenas condiciones a cumplir con un trámite que, en muchos casos, no resulta necesario”, advierte en los fundamentos del proyecto.

En este sentido, la senadora del PRO detalla en su iniciativa que los desperfectos mecánicos representan menos del 1% de las causas de los siniestros viales en Argentina, siendo factores humanos como el exceso de velocidad, la imprudencia al volante y el consumo de alcohol, las principales causas. Por lo que sugiere avanzar en la incorporación de educación vial en las escuelas.  

Por otro lado, Ahumada sostiene en el proyecto que la seguridad vial no puede depender únicamente del estado de los vehículos, sino que es necesario mejorar la infraestructura vial. “Sin una inversión adecuada en la reparación y mantenimiento de las carreteras, cualquier esfuerzo en controlar los vehículos será insuficiente para reducir los siniestros viales”, resaltó.

“La obligatoriedad de la VTV ha tenido un impacto negativo en sectores productivos, como el transporte y las pequeñas empresas, que dependen de sus vehículos para operar. El aumento en los costos de la verificación ha repercutido en sus costos operativos, afectando su competitividad y capacidad de desarrollo, lo que, a su vez, ha generado aumentos en los precios de bienes y servicios en la provincia”, concluyó la parlamentaria en el texto.

¿Por qué es necesario derogar la VTV?

Dentro de los postulados del proyecto de la senadora Ahumada para derogar la VTV y que el control de los vehículos usados se rija por la Ley Nacional de Tránsito, se destacan los elevados costos, las demoras en la asignación de turnos y la escasez de plantas verificadoras cercanas.

“Actualmente, el costo de la VTV se ha elevado considerablemente, alcanzando en octubre de 2024 los $44.175,21 para vehículos de hasta 2.500 kg., y $17.670,09 para motocicletas de hasta 200 cc., lo que representa una presión significativa en el contexto económico actual”, advirtió la senadora.

En tanto, Ahumada agregó que “estos valores, sumados a la inflación y la caída del poder adquisitivo, obligan a muchas familias a destinar recursos a un trámite que no ha probado ser efectivo en sus fines”. “Además del costo económico, los ciudadanos deben enfrentar diversas trabas burocráticas para cumplir con este trámite, incluyendo demoras en la obtención de turnos y la escasez de plantas verificadoras cercanas, lo que implica desplazamientos adicionales y pérdida de tiempo”, apuntó.

En concreto, el proyecto de ley impulsado por Aldana Ahumada propone la derogación de la VTV en la Provincia de Buenos Aires, alegando su ineficiencia, altos costos y falta de impacto en la reducción de siniestros viales. La senadora aboga por un enfoque más eficiente que elimine cargas burocráticas innecesarias para los ciudadanos, promueva la responsabilidad individual y modernice el control vehicular en línea con la normativa nacional.