El gobierno de Axel Kicillof se metió formalmente en la disputa entre los municipios y el gobierno nacional, tras la resolución de la Secretaría de Comercio que instruyó que las boletas de los servicios públicos “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y suministrado por el proveedor, no pudiendo contener sumas o conceptos ajenos a dicho bien o servicio”, para evitar así conceptos ajenos al servicio que brindan. Pero en las prestadoras de la Provincia podrán seguirse cobrando.

Así lo definió el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), que tiene poder de contralor sobre la Empresa Distribuidora de Energía Norte (EDEN S.A), la Empresa Distribuidora de Energía Sur (EDES), la empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA), la Empresa Distribuidora La Plata (Edelap) y doscientos (200) distribuidores con concesión municipal bajo la forma de Cooperativa o Sociedad de Economía Mixta. El organismo, que depende del ministerio de Infraestructura bonaerense, planteó que “que el marco regulatorio que rige en el ámbito de la provincia de Buenos Aires aprobado por la Ley 11.769, en su artículo 78 prevé la posibilidad de incluir conceptos ajenos en la facturación”. El OCEBA no tiene competencia sobre las dos grandes prestadoras de energía eléctrica de la zona amba, EDENOR Y EDESUR.

“La provincia ha dictado diversas normas que la reglamentan y complementan a los fines de su implementación y es por ello que la citada norma nacional no resulta de aplicación directa”, agrega el comunicado del Organismo que conduce Diego Rozengardt.

Esta semana, el gobierno nacional dictó una resolución a través de la Secretaría de Comercio que fue rápidamente cuestionada por intendentes bonaerenses, en su mayoría de distritos gobernados por el peronismo.