La Federación Argentina de Agrimensores, entidad que nuclea los Colegios Profesionales de Agrimensura de todo el país, pidió avanzar en la discusión por una “justa” valuación fiscal de los inmuebles y a la vez trabajar para “simplificar” el sistema, ya que esa operación técnica y profesional resulta “clave” para determinar la base imponible de los distintos tributos que gravan la propiedad inmueble en Argentina.

A través de una declaración elaborada por la entidad, se pidió “pensar en una simplificación del sistema valuatorio parcelario con fines masivos ya que en la actualidad el mismo, para ser considerado apropiado, es encarado –más que nada- como la determinación de una cuasi fórmula matemática general que represente la realidad para acercarse lo más posible al valor del inmueble en comparación con su valor de mercado y pretendiendo probar de ese modo su validez, cuando éste último solo debiera utilizarse para expresar la relación y los gradientes de un plano de valores básicos que defina la ecuación imponible de una región, localidad, zona o barrio, tratando de establecerlo con una dosis necesaria –nada más- de equidad y justicia que todo sistema impositivo debe asegurar”.

“Esta búsqueda de simplicidad y reducción del sistema debiera apuntar a bajar los altísimos costos que su determinación original y posteriores actualizaciones implican, conformando para ello unidades administrativas de trabajo permanentes que actúen sobre la base de observatorios de valores que bien pueden estar alimentados desde el ejercicio profesional de la Agrimensura, obtenidos desde las mensuras y/o las verificaciones de subsistencia del estado parcelario, aportando en cada caso valores inmobiliarios de referencia respecto de las parcelas que son objetos de tales tareas profesionales”, se indicó desde la FADA, cuyo presidente es el agrimensor Marcelo Lupiano.

Recordemos que la determinación de los valores fiscales de las propiedades es una facultad propia de cada una de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, facultad que las mismas desarrollan a través de los Catastros Territoriales de cada jurisdicción, atribución establecida  por la Ley Nacional de Catastro N° 26.209, que incluye la valuación de los inmuebles dentro de las finalidades y objetivos de la obra catastral.

En ese marco, se advirtió que “las metodologías utilizadas a lo largo de los últimos 60 años para la determinación de las valuaciones fiscales de los inmuebles en forma masiva, si bien fueron útiles y apropiadas al momento de su concepción, han devenido en la actualidad en un conjunto de procedimientos y normas anticuadas e ineficientes que arrojan como resultado valuaciones que, permanente y sistemáticamente, caen en serias desactualizaciones e inequidades, tanto en forma absoluta como relativa”.

“En muchos casos, las valuaciones determinadas originalmente se han ido actualizando a través de los años mediante la aplicación de coeficientes generales, determinados –más que nada- en la inflación. Pero estos coeficientes van desvirtuado al fin la base de justicia y equidad que constituye el fundamento de toda contribución impositiva”, finalizó.